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El Régimen del 78 (I): el consenso como legitimación

Fuente: Pablo Juliá Fuente: Pablo Juliá

“La memoria del poder no recuerda: bendice. Ella justifica la perpetuación del privilegio por derecho de herencia, absuelve los crímenes de los que mandan y proporciona coartadas a su discurso. La memoria del poder, que los centros de educación y los medios de comunicación difunden como única memoria posible, sólo escucha las voces que repiten la aburrida letanía de su propia sacralización. La impunidad exige la desmemoria”

Eduardo Galeano, Patas arriba. La escuela del mundo al revés.

La transición a la democracia en España implicó un proceso de cambios en todas las esferas y agentes sociales, políticos y económicos que explotaron al calor de la muerte del dictador y que culminaron con la configuración del sistema político que se desplegará desde entonces hasta nuestros días. Como historia del tiempo presente nos vemos en la necesidad de problematizarlo y fomentar el debate y la relectura. Sin embargo durante las últimas décadas se asentado una visión canónica que establece el inicio y final de la transición en la muerte del dictador y en la victoria del PSOE en las elecciones generales de 1982 respectivamente o en otros puntos cronológicos concretos en función de la tesis que lo defienda. Pero, al margen de estos límites -sobre los cuales se podría debatir desde la perspectiva historiográfica- es necesario poner sobre la mesa el debate de un proceso que ha sido transmitido como modélico hasta llegar a configurarse como un argumento de autoridad contra el cual, aquellos que procuran, ya no arremeter desde una perspectiva hipercrítica, sino meramente revisar el relato han sido acusados de extremistas o han sido marginados en el ámbito académico, político y social. Dejando de un lado también las teorías que vierten todas las culpas de nuestra situación actual sobre el proceso de la transición, no obstante creo que es necesario sacar a la palestra el debate sobre el mismo de cara a comprender muchos aspectos del panorama vigente, no solo político sino también cultural.

En este sentido, el consenso se esboza ya no solo como una etapa histórica inserta a su vez en la transición sino como un constructo discursivo que ejerce como ente legitimador para quienes diseñaron en su momento los límites del tablero político. Esto viene dado porque el consenso se articula como eje central del argumentario, acompañado a su vez de otra serie de significantes a los que aluden los protagonistas del juego político, hasta el punto de convertirse en un argumento manido y esclerótico pero que incluso hoy día refleja su eficacia como imposibilitador del cambio.

Dicho elemento forma parte de la memoria histórica en tanto que entendemos esta como la memoria colectiva de una comunidad con respecto a un acontecimiento o proceso de una historia que consideran común. Sin embargo, ésta no un recuerdo a modo del fotograma que se nos viene individualmente a la mente cuando rememoramos un recuerdo sino que, tal como define Paloma Aguilar en su obra Memoria y olvido de la guerra civil española, es un ente colectivo y por tanto:

«Esta variable incluye tanto el contenido de la memoria (recuerdo de los acontecimientos históricos específicos) como los valores asociados a su evocación (lecciones y aprendizajes históricos), modificados, frecuentemente, por las vicisitudes históricas del presente»

Nuestro pasado siempre se reencuentra con nosotros, motivo por ende para afrontarlo y dejar de eludirlo o introducirlo en ese cajón de sastre que es la desmemoria colectiva. Si bien entre los historiadores se ha suscitado algo más de debate sobre el carácter y las consecuencias de la transición, este no ha trasvasado los límites de la academia por varios motivos. Por un lado la clase política acordó firmar el contrato del silencio poniendo trabas a cualquier revisión del pasado. En este país siempre ha estado más de moda la prescripción y postergación del pasado que su relectura. Asimismo, el encomio generalizado al Régimen del 78 resonaba y aún resuena como un eco vertical que se transmite desde los medios de comunicación, la política, las élites económicas e incluso la comunidad educativa a una sociedad en la que permea eficazmente. A ello hemos de sumar una sociedad en la que la obvia sucesión demográfica por edad conjugada con ese fenómeno de loa mediática han gestado una cantidad de jóvenes cada vez mayor que cree que la transición fue un proceso fácil, que discurrió por cauces estrictamente democráticos y sin violencia política. En este sentido existe un paréntesis cultural dentro del cual existe un vacío de desmemoria histórica hasta que se reabrió el debate con motivo de la polémica ‘Ley de Memoria Histórica’. La polémica vino servida no tanto por el propio contenido de la ley como por el cauce que abrió a historiadores, politólogos y la propia sociedad civil para reabrir el debate sobre la identidad colectiva en tanto que abría la veda a una reinterpretación tanto de la Guerra Civil como del Franquismo y, en última instancia, de los métodos empleados para la transición a la democracia y los argumentos expuestos para la defensa de aquellos.  

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Fuente: 1982: Felipe González y Adolfo Suárez jugando al ajedrez de Antonio Guijarro

Estábamos, pues, sumidos en ese paréntesis no solo cronológico sino también sociológico durante el cual se articuló el discurso del consenso como la lógica propia del argumento silenciador del consenso tal y como apuntan Rafael del Águila y Ricardo Montoro  en El discurso político de la transición española. Dicha lógica esbozó los márgenes dentro de los cuales se estableció lo pensable, lo autorizable, lo discutible y lo cognoscible sobre el régimen político instaurado.

Como consecuencia-y adaptando algunos conceptos extraídos de la obra de Habermas- se daría una confrontación entre los “usos de la razón práctica” que se hallan integrados en los distintos discursos vertidos sobre la transición, la memoria y el pasado más inmediato. Los defensores a ultranza del sistema político heredado suelen hacer gala del uso pragmático-disertación acerca de los métodos más adecuados para conseguir un fin- en tanto que se esgrime habitualmente los diversos condicionantes e inconvenientes del panorama social, político y económico de la transición para defender a ultranza el modo en que se realizó el proceso presentando la reforma dirigida como la única vía posible que pudo dar lugar a un régimen impoluto cuya carta legislativa y contrato social son inmutables. De esta forma entra en contradicción con el uso ético de la razón práctica, es decir suscita la problemática de la identidad colectiva, de quienes somos y cómo nos representamos colectivamente. No obstante, esta contradicción ha sido omitida durante décadas.

Desde el plano simbólico se articuló una apropiación selectiva de la memoria y por tanto una definición interesada de la identidad colectiva y de la narrativa del pasado apoyándose en la exclusión de agentes sociales y el sesgo de acontecimientos pretéritos,  necesarios para saber lo que somos.

Se quiso jerarquizar y definir de manera cartesiana la cultura de toda una sociedad pero cuando esta afronta sus contradicciones, lo que se pensaba que no existía, lo que no se decía y lo que aparentemente no se discutía acaba desbordando al propio sistema tal y como acabaría sucediendo en la actual crisis económica, social, política y cultural que no podrá ser resuelta parcheando o soslayando la historia del tiempo presente ni por tanto eludiendo la responsabilidad de disputar no solo las conquistas materiales-apremiantes y necesarias- sino también el terreno simbólico que nos define, el cual ha sido modelado desde la verticalidad y el artificio.

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